Un respiro sin fecha: el TPS salvadoreño continúa, pero también la incertidumbre

Cerca de 170,000 salvadoreños conservarán por ahora su protección contra la deportación, aunque el gobierno federal todavía no ha anunciado una extensión formal ni explicado cuánto durará. En Nueva York, Long Island y Washington, líderes comunitarios, abogados y algunos políticos advierten que el silencio prolonga la angustia de familias establecidas en Estados Unidos durante décadas.

Miles de salvadoreños que esperaban perder el Estatus de Protección Temporal el 9 de septiembre recibieron un respiro de última hora, pero no la certidumbre que reclamaban. El Departamento de Seguridad Nacional informó que quienes se encuentran en Estados Unidos bajo el TPS conservarán la protección mientras el gobierno federal determina el futuro del programa.

La declaración evitó, al menos provisionalmente, que unas 170,000 personas quedaran expuestas a perder su autorización para vivir y trabajar legalmente en el país. Sin embargo, DHS no anunció una extensión de seis o dieciocho meses, no fijó una nueva fecha de vencimiento y tampoco indicó cuándo emitirá su decisión definitiva.

El mensaje oficial fue breve: el anuncio sobre el TPS salvadoreño se hará “en el momento apropiado” y, hasta entonces, sus beneficiarios seguirán protegidos. El alivio, por tanto, existe; lo que no existe todavía es un calendario que permita a las familias, trabajadores y empleadores planificar su futuro.

Un limbo dentro del limbo

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger temporalmente a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. El Salvador fue el primer país beneficiado, durante la guerra civil. Aquella designación terminó en 1992, pero el programa volvió a concederse a los salvadoreños en 2001, después de dos terremotos devastadores que desplazaron a más de un millón de personas.

Desde entonces han transcurrido 25 años. Los llamados tepesianos salvadoreños han trabajado, pagado impuestos, comprado viviendas, levantado negocios y criado hijos que, en muchos casos, son ciudadanos estadounidenses. Cerca de 152,000 participan en la fuerza laboral y su contribución anual a la economía nacional se calcula en aproximadamente $5,400 millones.

La ley contempla que, si DHS no actúa dentro del plazo establecido, la designación podría continuar automáticamente durante seis meses. Pero la forma irregular y ambigua en que el gobierno manejó el vencimiento ha dejado dudas sobre cómo se aplicará esa disposición, qué documentos demostrarán la autorización laboral y cuánto tiempo durará realmente la protección.

Patrick Young, abogado de inmigración de Long Island y voz vinculada durante años a la defensa de inmigrantes, explicó a Newsday que la ausencia de una decisión oportuna no equivale a una solución permanente. Aunque la ley ofrece argumentos para una continuación automática, los beneficiarios necesitan instrucciones oficiales claras que puedan presentar ante empleadores, agencias gubernamentales y otras instituciones.

Esa diferencia es fundamental: una protección jurídica que no viene acompañada de documentación comprensible puede generar problemas prácticos, desde verificaciones de empleo hasta temores ante encuentros con agentes federales.

“Más confusión y caos” en Long Island

Nadia Marín-Molina, codirectora de la National Day Laborer Organizing Network y residente de Long Island, fue más directa. Según declaró a Newsday, con su comunicado DHS estaba creando “más confusión y caos”.

Su reacción refleja una preocupación compartida por organizaciones comunitarias: el gobierno evitó una crisis inmediata, pero mantuvo a miles de personas esperando una decisión que puede alterar su trabajo, su vivienda, sus ahorros y la unidad de sus familias.

La situación adquiere particular importancia en Long Island, donde los salvadoreños constituyen la comunidad hispana más numerosa. Su presencia es esencial en la construcción, la atención médica, las pequeñas empresas y el sector de servicios.

La senadora estatal Mónica R. Martínez, quien nació en El Salvador y creció en Long Island, recibió la noticia con satisfacción. Recordó que durante un cuarto de siglo estas familias han criado hijos, comprado casas, creado empresas y contribuido al desarrollo económico regional. Martínez sostuvo que protegerlas no solo es moralmente correcto, sino necesario para preservar la estabilidad de familias, empleadores y comunidades.

También advirtió que el alivio no debe limitarse a los salvadoreños. Durante el último año, DHS ha intentado retirar el TPS a aproximadamente un millón de personas de otros países que igualmente han construido sus vidas en Estados Unidos.

El asambleísta Phil Ramos, vicepresidente de la Asamblea estatal y representante de una de las mayores concentraciones salvadoreñas de Long Island, calificó la continuación como un alivio importante. Sin embargo, señaló que no elimina el miedo acumulado y reclamó una solución permanente que mantenga unidas a las familias trabajadoras.

El legislador del condado de Suffolk Samuel González ya había expresado, antes de conocerse el anuncio, su esperanza de que las familias salvadoreño-estadounidenses protegidas por el TPS no fueran separadas por el gobierno federal.

Apoyos, llamados y silencios políticos

En julio, el congresista Tom Suozzi solicitó formalmente al gobierno una extensión del TPS salvadoreño. Destacó la contribución económica de sus beneficiarios y el impacto que una terminación tendría sobre Long Island. Hasta ahora, sin embargo, no se ha localizado una nueva declaración suya en respuesta al respiro provisional anunciado por DHS.

En el ámbito nacional, el congresista Jim McGovern señaló que, aunque el TPS permanece vigente momentáneamente, el gobierno todavía no ha explicado qué sucederá después. La congresista Ayanna Pressley también pidió una extensión que evite deportaciones y separaciones familiares. Ambos han apoyado esfuerzos legislativos para ofrecer una protección más duradera.

La ausencia más notable en Long Island sigue siendo la de la congresista Laura Gillen. Gillen ha defendido públicamente la extensión del TPS para los haitianos e intervino en una iniciativa bipartidista sobre esa comunidad. Sin embargo, tras revisar sus comunicados y publicaciones públicas disponibles, no se ha encontrado hasta ahora una declaración equivalente sobre el TPS salvadoreño, ni antes del vencimiento ni después del anuncio provisional.

Esto no permite afirmar que nunca haya hablado del asunto en algún espacio no documentado. Sí permite señalar que, en una región donde los salvadoreños forman la comunidad hispana más numerosa, no aparece hasta el momento un pronunciamiento público suyo comparable con el que ofreció en defensa de los haitianos.

Washington: una comunidad que ayudó a conquistar el TPS

La incertidumbre también golpea con fuerza al área metropolitana de Washington, donde viven aproximadamente 34,000 salvadoreños con TPS, la concentración más grande del país. Los salvadoreños constituyen además la mayor comunidad inmigrante del Distrito de Columbia y generan alrededor de $965 millones anuales para la economía regional. En el área metropolitana de Nueva York, su contribución se calcula en unos $668 millones.

Su relación con el TPS posee un significado histórico especial. Los inmigrantes salvadoreños que llegaron a Washington durante la guerra civil se organizaron en vecindarios como Mount Pleasant, Adams Morgan y Columbia Heights. Participaron en luchas por los derechos de los inquilinos, la reforma policial y la protección de los centroamericanos desplazados por la violencia.

Sus organizaciones establecieron vínculos con congresistas y ayudaron a impulsar la creación del TPS en 1990. Por eso, como señaló Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN en Washington, resulta especialmente doloroso que una comunidad que contribuyó al nacimiento del programa pueda perderlo después de tantos años.

Carmen Elena Rodríguez, directora ejecutiva de la National Salvadoran American Association, afirmó que muchos beneficiarios se sienten traicionados por un país al cual han aportado durante décadas. Francisco Semião, presidente de la junta directiva de la organización, describió la incertidumbre como un juego cruel: las familias no saben si deben vender sus viviendas, modificar la custodia de sus hijos o abandonar Estados Unidos, con el riesgo de que el programa sea extendido después de su partida.

CARECEN ha comenzado a orientar a beneficiarios sobre decisiones que nadie debería tener que tomar apresuradamente: reunir expedientes médicos, proteger sus ahorros y cuentas de retiro, administrar propiedades y decidir quién cuidaría de sus hijos ciudadanos si los padres fueran deportados.

Un respiro no es una solución

La decisión provisional de DHS evita por ahora una ruptura inmediata, pero no resuelve el problema creado por 25 años de temporalidad. Personas que cumplieron las reglas, renovaron periódicamente sus permisos y construyeron vidas enteras siguen dependiendo de decisiones administrativas que pueden cambiar con cada gobierno.

La salida duradera tendría que venir del Congreso mediante una vía hacia la residencia permanente para quienes han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante décadas. Mientras esa solución no exista, cada extensión será solamente una nueva fecha en el calendario de la incertidumbre.

Hoy los tepesianos salvadoreños continúan protegidos. Pueden seguir viviendo y trabajando legalmente mientras DHS delibera. Pero nadie sabe todavía si ese respiro durará días, seis meses o más.

Esa es la noticia y también el problema: el gobierno les permitió respirar, pero todavía no les ha dicho por cuánto tiempo.