La reforma que pintaron como humanitaria y la agencia inhumana que financiaron

En un sótano de Long Island, un joven mira por la única ventana y espera que regrese su compañero de cuarto. Desde allí apenas alcanza a ver las ruedas de los automóviles que se detienen frente a la casa. Cada ruido puede anunciar el alivio o prolongar una angustia que demasiadas familias han aprendido a soportar en silencio.

Para él, quién dirige el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —ICE—, cuánto dinero recibe y quién responde por sus operativos no son discusiones lejanas de Washington. Esas decisiones pueden determinar si su compañero vuelve esa noche o desaparece dentro de un sistema difícil de localizar, comprender y enfrentar.

Por eso importa que la Casa Blanca haya retirado la nominación de Richard “Lance” Schroyer para dirigir ICE. El exmiembro de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, quien también fue asesor del actual secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había sido escogido por Donald Trump en junio. Su candidatura no llegó siquiera a una audiencia de confirmación.

El senador republicano Rand Paul, presidente del comité con jurisdicción sobre Seguridad Nacional, se negó a avanzar el proceso mientras no recibiera información sobre investigaciones relacionadas con las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minnesota. La retirada deja a ICE, pieza central de la campaña de deportaciones de Trump, otra vez sin candidato y todavía sin un director confirmado por el Senado desde el final del gobierno de Barack Obama.

David Venturella ejerce provisionalmente las funciones de director. Pero no es lo mismo impartir órdenes que comparecer ante el Senado, explicar los propios antecedentes y responder por el uso de una cantidad extraordinaria de dinero público.

La responsabilidad comienza en la Casa Blanca. Pasa por Mullin y Venturella, y alcanza al Congreso que entregó los fondos, prometió supervisarlos y todavía no ha producido una reforma migratoria.

El dinero llegó primero

La ley presupuestaria firmada por Trump en julio de 2025 otorgó unos $75,000 millones adicionales a ICE durante varios años. Gran parte fue destinada a ampliar la detención y el resto a contratar personal, efectuar deportaciones, adquirir equipos y expandir instalaciones.

ICE anunció luego la contratación de más de 12,000 oficiales, agentes y empleados, dentro de una campaña que ofrecía bonos de ingreso de hasta $50,000 para algunos puestos. Investigaciones de Associated Press encontraron que ciertas personas comenzaron a trabajar antes de que concluyeran sus verificaciones de antecedentes. The Washington Post documentó además una reducción sustancial de las horas de formación básica.

El dinero llegó. Los nuevos agentes llegaron. La supervisión quedó atrás.

Una agencia con más personal, centros, recursos y presencia en las calles necesita controles más fuertes, no más débiles. Cuando crece sin una dirección confirmada y con preguntas pendientes sobre adiestramiento, uso de la fuerza y rendición de cuentas, el riesgo lo soportan personas de carne y hueso.

##La puerta giratoria

La trayectoria de Venturella añade otra pregunta legítima. Antes de regresar al gobierno, trabajó más de una década para GEO Group, una de las mayores compañías privadas de prisiones y detención migratoria, y continuó vinculado a ella como consultor hasta comienzos de 2025. Ya en ICE, llegó a ocupar un puesto desde el cual supervisaba contratos de detención.

GEO Group opera centros migratorios y sistemas de vigilancia electrónica. Uno de sus contratos, para administrar Delaney Hall en Newark, podría alcanzar aproximadamente $1,000 millones a lo largo de 15 años.

Venturella vendió sus acciones de GEO y se recusó de intervenir en asuntos relacionados directamente con la empresa. Eso debe consignarse, pero no elimina las preguntas sobre la puerta giratoria entre la agencia que concede contratos y la industria que se beneficia de ellos.

Nada conocido impide que Trump lo nomine como director permanente. Si Venturella está facultado para dirigir miles de agentes y administrar miles de millones de dólares, también debe estar dispuesto a sentarse ante el Senado y responder públicamente.

La alarma de Miami

Mientras la Casa Blanca retiraba a Schroyer, la representante republicana María Elvira Salazar lanzó desde Miami un anuncio en el que advirtió a Trump que sus operativos migratorios habían ido demasiado lejos. Dijo que muchos hispanos que lo ayudaron a regresar a la Casa Blanca se sienten traicionados.

Salazar representa un distrito mayoritariamente hispano y enfrenta al demócrata Eliott Rodríguez en una contienda que se ha estrechado. Su denuncia puede responder a una convicción, a la presión electoral o a ambas. Pero existe una contradicción que no puede eludirse: votó por la ley que financió la expansión de ICE de la cual ahora intenta distanciarse.

La pregunta es qué hará ahora. ¿Exigirá investigaciones independientes, límites claros al uso de la fuerza y un director confirmado por el Senado? ¿O la preocupación terminará con la campaña?

Salazar es también la principal promotora de la Ley Dignidad, una propuesta bipartidista que combina mayor seguridad fronteriza con un estatus legal renovable para ciertos inmigrantes, aunque sin abrirles un camino a la ciudadanía. El proyecto continúa detenido en comités. Si este Congreso no actúa, habrá que comenzar otra vez.

Los nombres de Nueva York

La Ley Dignidad lleva también los nombres de seis representantes de Nueva York: los demócratas Laura Gillen, Tom Suozzi, Pat Ryan y Adriano Espaillat, y los republicanos Mike Lawler y Nick LaLota.

Gillen representa comunidades como Freeport, Hempstead y Roosevelt; Suozzi, sectores de Queens y Nassau; LaLota, gran parte de Suffolk. No son nombres ajenos: representan lugares donde familias inmigrantes trabajan, crían hijos, sostienen negocios y esperan respuestas.

En enero, Gillen y Suozzi estuvieron entre siete demócratas que apoyaron un proyecto de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional que incluía cerca de $10,000 millones para ICE. Después de las muertes ocurridas durante operativos federales en Minnesota, Suozzi reconoció que había fallado al no tratar aquella votación como un juicio sobre la conducta de la agencia. Gillen defendió su voto por la necesidad de financiar también a FEMA, la Guardia Costera y la Administración de Seguridad en el Transporte, aunque luego reclamó reformas y mayor supervisión de ICE.

Sus explicaciones importan. También muestran lo fácil que resulta aprobar dinero para una maquinaria federal y lo difícil que es imponerle controles después.

Lawler ha sido uno de los promotores republicanos más visibles de la Ley Dignidad. LaLota también la copatrocina, mientras favorece mayor cooperación entre autoridades locales e ICE. Ambos deben decir si comparten la alarma de Salazar. Gillen y Suozzi deben explicar cómo impedirán que el dinero aprobado funcione como un cheque en blanco. Ryan y Espaillat deben ayudar a sacar el proyecto del papel.

No basta con añadir el nombre a una propuesta llamada Dignidad. Hay que llevarla a votación y responder cuando las acciones del gobierno destruyen precisamente esa dignidad.

La distancia entre Washington y una ventana

Lo decidido en Washington llega a apartamentos de Jackson Heights y Corona, a negocios de Elmhurst, a talleres de Sunset Park y a sótanos de Long Island convertidos en dormitorios porque el salario no alcanza para más.

Allí casi nadie habla de procedimientos senatoriales. Las preguntas son más inmediatas: ¿es seguro ir a trabajar?, ¿llevar a los niños a la escuela?, ¿acudir a una cita judicial?, ¿abrir la puerta cuando alguien golpea?

Pienso también en una joven que necesita atención médica en un centro como Nassau University Medical Center. Muy cerca se encuentra la cárcel del condado de Nassau. Allí murió el 18 de septiembre de 2025 Santos Reyes-Banegas, un hondureño de 42 años que estaba bajo custodia de ICE. La agencia informó entonces que la causa preliminar parecía ser una falla hepática; su muerte, sin embargo, merecía una explicación pública y una atención política que nunca guardaron proporción con su gravedad.

Para esa joven, la cercanía entre un hospital y una cárcel migratoria no es un detalle del mapa. El miedo puede acompañarla hasta la puerta del lugar donde busca ayuda. Y mientras faltan pocas semanas para otra elección, aquella muerte permanece lejos del centro de las campañas de quienes volverán a pedir el voto en Long Island.

Quienes tenemos el privilegio de la ciudadanía podemos acompañar ese temor, denunciar lo que lo produce y negarnos a aceptarlo como normal. Pero no despertamos cada mañana bajo la misma amenaza. Son otras familias las que pagan los platos rotos de decisiones tomadas lejos de sus hogares.

“No le digas a alguien que le amas y luego votes por quien le hiere”, escribí alguna vez. Tampoco se puede hablar de dignidad mientras se financia, se tolera o se guarda silencio ante aquello que la destruye.

En noviembre sabremos quién conservó su escaño. Esa noche terminarán muchos anuncios, pero no la angustia de quienes esperan. Salazar deberá demostrar si su advertencia fue compromiso o cálculo. Gillen, Suozzi, Lawler, LaLota, Ryan y Espaillat deberán decidir si convertirán la Ley Dignidad en una lucha real o si volverán a dejarla morir en un comité. Trump y Mullin deberán presentar a una persona capaz de dirigir ICE y responder ante el país.

ICE ya tiene el dinero, el personal y el poder. El joven todavía espera junto a la única ventana del sótano. La joven todavía necesita atención sin poder dejar el miedo afuera. Y quienes aspiran a seguir representándolos todavía les deben algo tan elemental como presentarse, responder y dar la cara.