NUEVA YORK — La ciudad y el estado de Nueva York presentaron este lunes dos demandas paralelas contra la nueva regla federal de «carga pública», al advertir que la medida podría llevar a numerosas familias inmigrantes a abandonar servicios de salud, alimentación y vivienda por temor a perjudicar futuros trámites migratorios.

Durante una conferencia de prensa en la Alcaldía, el alcalde Zohran Mamdani anunció que la ciudad encabeza una coalición integrada por Chicago, San Francisco y Seattle, además de los condados de Santa Clara, California, y King, Washington.

En una acción separada, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, lidera una demanda presentada por una coalición de otros 22 estados y el Distrito de Columbia. Ambas acciones buscan que un juez federal impida la entrada en vigor de la regla, prevista para el viernes 18 de septiembre.

La nueva política se aplicará a determinadas solicitudes de admisión o ajuste de estatus presentadas a partir de esa fecha. Permitirá que los funcionarios de inmigración consideren, dentro del conjunto de circunstancias de cada solicitante, el uso de beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos, según la disposición publicada en el Registro Federal.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la medida restablece la discreción necesaria para determinar si una persona podría convertirse en carga pública y promueve la autosuficiencia entre quienes buscan ser admitidos en el país u obtener la residencia permanente.

Los demandantes argumentan, por el contrario, que la regla es imprecisa, concede una autoridad excesiva a los funcionarios migratorios y se aparta del significado histórico de «carga pública». También alegan que el Gobierno federal excedió su autoridad y violó la Ley de Procedimiento Administrativo al actuar de manera arbitraria y caprichosa.

James afirmó que la nueva evaluación podría abarcar beneficios como Medicaid, SNAP y programas de alimentación escolar. Su oficina confirmó, además, que la demanda aborda la consideración del historial crediticio de los patrocinadores de inmigrantes. «Los neoyorquinos inmigrantes no deberían tener que elegir entre poner comida sobre la mesa, recibir la atención médica que necesitan y procurar un futuro en este país», expresó James.

La acción encabezada por la fiscal general fue presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. La coalición está compuesta por Nueva York, otros 21 estados, el Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania, según informó la Fiscalía General de Nueva York.

Mamdani reconoció que la ciudad todavía no puede calcular cuánto costaría atender a las personas que, por temor, dejen de utilizar servicios preventivos y recurran después a las salas de emergencia con enfermedades más graves. También admitió que ninguna ciudad puede sustituir, dólar por dólar, los servicios que el Gobierno federal reduzca.

«La gente no deja de enfermarse. Simplemente se enfermará más, y entonces su primer contacto con un proveedor de salud será en una sala de emergencias», advirtió el alcalde.

Arlene Cruz Escobar, directora de programas de salud de Make the Road New York, dijo que su organización ya recibe preguntas de familias que no estarían directamente afectadas por la regla. Como ejemplo, relató el caso de la madre de un niño ciudadano estadounidense con una discapacidad que consideraba cancelar su cobertura de Medicaid por temor a perjudicar su propia situación migratoria.

También mencionó al tutor de un menor con estatus especial de inmigrante juvenil —una categoría exenta de la evaluación de carga pública— que temía que la cobertura médica del niño pudiera ponerlo en riesgo.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la New York Immigration Coalition, sostuvo que el temor puede provocar que familias inmigrantes renuncien a recursos que les permiten mantenerse saludables y económicamente estables.

El defensor del pueblo de la ciudad de Nueva York, Jumaane D. Williams, advirtió, por su parte, que las redadas migratorias, la pérdida de protecciones temporales y la confusión sobre las políticas federales ya han reducido la actividad comercial en algunos vecindarios con grandes poblaciones inmigrantes.

Las autoridades recalcaron que la regla no modifica por sí misma los requisitos para recibir beneficios y que no afecta de igual manera a todas las categorías migratorias. Los ciudadanos estadounidenses y quienes solicitan determinadas protecciones humanitarias, como el asilo, están exentos de la evaluación de carga pública. Mamdani recomendó que nadie cancele Medicaid, SNAP, WIC, TANF u otros beneficios sin consultar primero con un proveedor confiable de servicios jurídicos. Las personas preocupadas por los posibles efectos de la regla pueden llamar gratuitamente al 1-800-354-0365, la Línea de Apoyo Jurídico Migratorio de la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante, que ofrece información y conecta a los usuarios con proveedores confiables de asistencia legal. También pueden llamar al 311 y decir “Immigration Legal”.