Nueve de los 21 proveedores de salud restringidos por el estado de Nueva York ante sospechas de fraude con vacunas infantiles han ejercido o residido en Long Island, según una investigación publicada por Newsday.
La lista incluye médicos, enfermeras, parteras, un asistente médico y una farmacéutica. Todos enfrentan alguna restricción para registrar o administrar vacunas infantiles, aunque no se les atribuye necesariamente la misma conducta y la mayoría no ha sido acusada formalmente mediante un proceso administrativo público.
Newsday examinó documentos del Departamento de Salud, el Departamento de Educación, tribunales y juntas disciplinarias. También entrevistó a proveedores, abogados y especialistas. Aunque buena parte de la información llevaba tiempo disponible en distintos registros públicos, el periódico parece ser el primer medio que la reúne para mostrar el alcance del problema y su presencia desproporcionada en Long Island.
La unidad estatal que investiga el fraude con vacunas fue creada en 2021 para combatir registros falsos de inmunización contra el COVID-19. Posteriormente amplió sus investigaciones a las vacunas infantiles requeridas para asistir a escuelas y centros de cuidado.
Dos casos de gran alcance
Entre los casos comprobados sobresale el de Jeanette Breen, partera que ejercía en Baldwin. El estado determinó que utilizó píldoras homeopáticas en lugar de vacunas y registró 12,449 supuestas inmunizaciones correspondientes a cerca de 1,500 menores.
Esos productos no estaban reconocidos como protección contra enfermedades como sarampión, paperas, rubéola, polio, varicela y hepatitis B. Breen aceptó entregar su licencia en septiembre de 2024. La sanción estatal ascendió a $300,000, aunque la mitad quedó suspendida bajo condiciones de cumplimiento.
Otro caso fue el de Julie DeVuono, antigua enfermera practicante y propietaria de Wild Child Pediatrics en Amityville. El estado concluyó que falsificó registros de vacunación de 162 menores y le impuso en julio una multa de $544,000, la mayor sanción civil de esa naturaleza en la historia del Departamento de Salud.
Los demás expedientes presentan situaciones distintas. Investigadores encontraron, por ejemplo, un frasco identificado para cinco dosis que habría sido registrado 154 veces. Un médico de Syosset informó haber utilizado vacunas con números de identificación inexistentes.
Sospechas y preguntas pendientes
El estado mantiene una página titulada “School Vaccination Fraud Awareness”, que advierte a las escuelas cuáles documentos no deben aceptar. Los proveedores incluidos han sido suspendidos, excluidos o privados de acceso al sistema electrónico de inmunización, conocido como NYSIIS. En algunos casos, las restricciones son permanentes; en otros, las investigaciones continúan abiertas.
El Departamento sostiene que solo publica un nombre cuando posee evidencia suficientemente sólida para defender su actuación ante una impugnación judicial. Sin embargo, Newsday encontró que la mayoría de los 21 proveedores no enfrenta cargos administrativos públicos y que, en muchos casos, el estado ha divulgado muy pocos detalles.
Algunos profesionales y sus abogados niegan haber falsificado documentos. Alegan que la publicación de sus nombres perjudica su reputación antes de que puedan defenderse y que las investigaciones pueden prolongarse durante años.
Cuatro proveedores demandaron al estado para retirar sus nombres de la lista. Los jueces respaldaron al Departamento en dos casos; otra médica retiró su demanda y una causa permanece pendiente.
Especialistas consultados por Newsday respaldan la necesidad de actuar preventivamente para proteger a las escuelas, pero algunos consideran que el estado debe distinguir con mayor claridad entre investigaciones abiertas y casos concluidos, además de ofrecer un proceso más rápido para responder a las acusaciones.
Un clima de creciente desconfianza
Nueva York eliminó en 2019 la exención religiosa a las vacunas escolares. Desde entonces, algunos proveedores incluidos en la lista registraron aumentos extraordinarios en las vacunas infantiles que supuestamente administraban.
Uno de ellos, el pediatra Carlos Rivera, quien ejerció en Patchogue y Bohemia, no registró vacunas en 2019. Reportó 111 en 2020 y la cifra aumentó hasta 1,757 en 2023. Su abogado sostiene que ese crecimiento podía justificar una investigación, pero no su inclusión pública en una lista de fraude antes de concluirla. El Departamento no comentó sobre el caso porque continúa abierto.
El problema surge en momentos de creciente desconfianza nacional hacia las vacunas. Según cifras de Gallup citadas por Newsday, el porcentaje de estadounidenses que considera muy importante vacunar a los niños cayó de 94% en 2001 a 69% en 2024.
Ese escepticismo ha alcanzado también el debate federal, donde el liderazgo sanitario ha cuestionado políticas de vacunación y tratamientos médicos establecidos. Ese clima puede ser utilizado políticamente contra las autoridades de Nueva York, pero también aumenta la responsabilidad del estado de presentar evidencia clara, distinguir entre sospechas y casos probados y explicar cuántas personas resultaron afectadas.
Hasta ahora, el Departamento no ha publicado un informe consolidado que precise cuántos de los 21 proveedores serán acusados o multados, cuáles investigaciones permanecen abiertas y cuántos menores o escuelas están involucrados.
La investigación de Newsday abre esa discusión. Corresponde ahora al Departamento de Salud ofrecer una explicación pública más completa que permita combatir el fraude, defender la ciencia médica y garantizar el debido proceso.
Fuente principal: David Olson, Newsday, “NYS Health Department bars 21 providers from vaccinating kids amid fraud crackdown”, publicado el 22 de septiembre de 2026.
Información oficial adicional: Departamento de Salud del Estado de Nueva York, “School Vaccination Fraud Awareness”.